Reactivación de las Indicaciones Geográficas en Venezuela

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Semillas de cacao de Chuao (foto: LD)

La publicación, por parte del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el lunes 14 de noviembre de 2016, en la edición 568 del Boletín de la Propiedad Industrial, de las Resoluciones 238 y 239 (ambas con fecha 10 de noviembre de 2016), de la ratificación de las denominaciones de origen del Cocuy de Pecaya y del Cacao de Chuao, es una noticia que tuvo un impacto muy positivo en la comunidad de agentes de propiedad intelectual en el país.

Es la primera vez desde que Venezuela se salió de la Comunidad Andina de Naciones (con lo que se quedó sin validez la Resolución 486, instrumento que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial) que el gobierno de Venezuela envía una señal de aliento e inspiración a los productores y empresarios de los sectores asociados a productos con potencial para obtener una certificación de origen para que inicien los esfuerzos necesarios para lograrla. Sobre todo porque las indicaciones geográficas constituyen una palanca del desarrollo de aquellos productos que son susceptibles de obtener un DOC que en Venezuela ha sido sub explotada. Así, hasta la fecha, solo el Ron de Venezuela, El Cocuy de Pecaya y el Cacao de Chuao,  han obtenido esta clase de certificación. Esta noticia constituye una oportunidad para revisar este tópico de la propiedad intelectual que, además, se ha convertido en un importante elemento de mercadeo para una gran variedad de productos de los sectores alimentos y bebidas.

La idea de que la región o la geografía constituyen un elemento distintivo del proceso de producción de un producto no es nueva. Cuenta una historia impregnada de leyenda que el queso Roquefort fue inventado por un evento fortuito, cuando un joven que se disponía a comer un bocadillo de pan con queso de leche de oveja se quedó prendado de una hermosa dama que caminaba a lo lejos y salió en su busca olvidando su almuerzo en el interior de una cueva. Cuando al cabo de unas semanas regresó y se topó con el trozo de queso que había dejado abandonado, halló que éste, por culpa del moho, se había transformado en lo que conocemos por Roquefort (nombre que hace referencia al hongo, Penicillinum roqueforti, descrito por vez primera por el micólogo norteamericano Charles Thom en 1906). De haber algo de verdad en los sucesos narrados, deben haber ocurrido hace mucho tiempo dado que ya Plinio el Viejo habla del sabor peculiar de un queso con las características del Roquefort en el 79 D.C. En todo caso, en 1411, Carlos VI le otorgó a los productores de la región de Roquefort-sur-Soulzon una certificación de origen al queso que habían fabricado según procedimientos tradicionales (y ya estandarizados) durante siglos. De este modo, el Roquefort obtuvo lo que se podría considerar la primera certificación de origen de la historia. Sin embargo, sólo en 1925, año en que se fundó en Francia el Institut National des Appellations d´Origine (INAO), le fue concedida al queso Roquefort una indicación geográfica propiamente dicha. Se trató de una appellation d’origine contrôlée (AOC), que se puede traducir como denominación de origen controlada, que es una clase de indicación geográfica.

Las indicaciones geográficas son signos que indican a los consumidores el origen geográfico de un producto. Hacen referencia, tanto a aspectos de clima, suelo o cualquier otro rasgo geográfico que pudiera determinar la calidad o atributos organolépticos de un producto, como a procesos y técnicas propias de las comunidades de una región que pueden haber estado produciendo el producto de modos específicos que inciden o determinan cualidades particulares.

Las indicaciones geográficas son por tanto una clase derechos de propiedad intelectual. Por lo general, en las naciones o regiones en las que hay productos con una indicación geográfica, existen consejos reguladores que, luego de haber definido el área geográfica dentro de la cual los productores pueden optar a la certificación de origen, son responsables de establecer los procedimientos específicos que deben emplearse en la producción de un vino, vino espumante, queso, etc. Así por ejemplo, un vino con burbujas podrá llamarse champagne  si y solo si: se produce dentro de la región de Champagne y en su fabricación se sigue el método champenoise.

Los titulares de una indicación geográfica pueden impedir que quienes no produzcan dentro del área o nación, o no produzcan de acuerdo con los procedimientos aceptados, utilicen el nombre de la región para designar el producto con origen certificado. Así, los espumantes producidos en otras regiones francesas fuera de Champagne, e incluso fuera de Francia, aun cuando pueden mencionar que su producto utiliza el método champenoise (si ése es el caso), no pueden llamarlo con esa palabra. Otros ejemplos de productos protegidos con indicaciones geográficas son: el queso parmigiano reggiano, el vinagre balsámico de Módena, el té de Darjeeling, el tequila de Tequila, el pisco de Perú y Chile, el whisky escocés, el vino de Jeréz, entre otros.

Las indicaciones geográficas, a semejanza de las marcas, confieren a los productores de los productos certificados derechos de monopolio equivalentes a los que obtienen los titulares de una marca comercial. Otro rasgo común de las indicaciones geográficas con las marcas es que  los productores deben estar registrados para calificar a la protección, y para ello deben satisfacer ciertas condiciones. Una de ellas es que el nombre no tenga un uso tan extendido como para designar productos similares producidos en otras regiones. Por ejemplo, dentro de la Unión Europea, el término parmesano solo puede designar a quesos de esa variedad producidos en las provincias de: Parma, Reggio Emilia, y partes de las provincias de Boloña, Módena, y Mantua. Sin embargo en Estados Unidos y en Australia se puede utilizar el término parmesan para designar quesos semejantes al original.

Venezuela es un país con una gran variedad de productos agrícolas y pecuarios. Entre éstos, una proporción importante son propios de una región o estado y tienen rasgos físicos, y organolépticos reconocibles. Por tanto hay numerosos productos con potencial para obtener una denominación de origen. Sin embargo, hasta la fecha sólo tres han obtenido una indicación geográfica (denominación de origen, DO): el cacao de Chuao (otorgada en 2001), el cocuy de Pecaya (2001), y el Ron de Venezuela (2003). Otros productos que podrían aspirar con éxito a obtener una Denominación de Origen son: el cocuy larense (Agave cocui), la sarrapia (Diphysa punctata) de Bolívar, el semeruco (Malpighia glabra) de Lara, el tomate y el ají margariteños, entre otros.

Las DO son una de las dos clases de indicaciones geográficas que están previstas en la Decisión 486, que es la reglamentación sobre propiedad intelectual  de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). El artículo 201 de esta Decisión especifica: “Se entenderá (…) una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada,  utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos”. La otra modalidad de IG que prevé al 486 es la Indicación de Procedencia. En el artículo 221 de la Decisión 486 se define ésta del modo siguiente: “Se entenderá por indicación de procedencia un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región o lugar determinado”.

Cuando el 19 de abril de 2006, el presidente Chávez expresó su voluntad de salirse de la Comunidad Andina de Naciones (ratificando esta decisión en abril de 2011), Venezuela quedó sin un marco legal de aplicación directa que regulara los derechos de propiedad intelectual implícitos en las DO. Sin embargo, Venezuela es firmante de tratados internacionales (el Convenio de París, el Acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, y el Tratado de Mercosur), que ofrecen un conjunto de protecciones mínimas a los titulares de DO o de otras clases de indicaciones geográficas. Por tanto, los derechos monopólicos que por ley  tienen y de los que se espera usufructúen los titulares (en las dos DO ratificadas el titular único es el Estado venezolano)  de las tres indicaciones geográficas (DO) que se han otorgado en Venezuela, no podían, hasta hace muy poco tiempo, ser eficazmente defendidos.

Es interesante que en la industria del cacao y el chocolate, aun cuando la DO Cacao de Chuao, había quedado sin un referente legal, los fabricantes de marcas comerciales y artesanales de barras de chocolate, desde hace un tiempo, adoptaron la práctica de agregar al empaque, no sólo información sobre el porcentaje de cacao con el que se producía determinado chocolate, sino también información sobre el origen geográfico de las semillas de cacao utilizadas en la fabricación. Así por ejemplo, podemos ver en el mercado nacional, en los locales en que se expenden barras de chocolate, que sobre todo las dirigidas a los conocedores, indican la región o subregiones (Sur del Lago, Paria, Chuao, Canoabo; (Macuare, Urama, Barlovento, etc) de las que proviene el cacao con el que se fabricó el chocolate. Esta práctica pudiera obedecer (también) a la relativamente rápida propagación en el país del movimiento bean-to-bar (de la semilla a la barra), en el que los empaques de las barras suelen indicar el origen del cacao utilizado en la confección de ésta.

Ni siquiera la reciente ratificación de la DO Cacao de Chuao protege a un productor (al que se le haya otorgado una autorización de uso de esta DO Cacao) que fabrique un chocolate utilizando solamente semillas de Sur del Lago de la competencia de otro que diciendo lo mismo fabrique su chocolate con semillas de, por ejemplo, Paria. Para que ello ocurriera deberían obtenerse DOs para cada región o subregión productora de cacao en el país. Afortunadamente, no se ha advertido que ocurra esta clase engaño a los consumidores,  en el sector cacao y chocolate. Es posible que uno de los factores que lo prevenga sea que no se trata de que el chocolate de una región sea superior o mejor que el de otra; sino más bien de que con cierta atención y entrenamiento el consumidor aprende a identificar diferencias en los perfiles organolépticos de diferentes chocolates de modo que a unos (chocolates) los hallan más ácidos, frutales, amargos, complejos que a otros. La información sobre el origen funciona entonces como una indicación de la constelación de cualidades que el consumidor puede esperar hallar en determinada barra de chocolate. La probabilidad de que aparezcan conductas que mientan sobre el origen de un producto, se verá incentivada solo si (en el caso del cacao), las semillas de determinada región, se hacen sustancialmente más apreciadas (su reputación determina que los consumidores estén dispuestos a pagar una prima por ese producto) que las de otras regiones venezolanas. Esto todavía no ha sucedido, en gran medida, porque existe una multiplicidad de preferencias o gustos respecto a la mezcla de sabores y aromas que el consumidor espera tenga un chocolate y, por tanto, no hay una disposición a pagar una prima por los chocolates fabricados con cacao de una región versus los fabricados con cacao de otra.

La situación que se ha descrito para el chocolate no es la regla. En otros países, y con otra clase de productos, estas prácticas de engaño a los consumidores sí son frecuentes. Así por ejemplo,  el arroz aromático de granos elongados Basmati, originario de la región del Punjab en India y Pakistán, ha sido objeto de largas disputas internacionales. La primera de éstas comenzó en 1997 cuando a una empresa norteamericana de producción de semillas de arroz, RiceTec Inc., le fue otorgada una patente (US5663484), que le confería derechos monopólicos sobre varias cepas de arroz, incluso algunas con características similares al Basmati. Cuando en el 2000 la India se enteró de esta patente, le solicitó a la USPTO que le permitiera revisar el archivo de ésta. Ante la objeción formulada por India, el solicitante retiró sus reclamos de derechos. Pero años más tarde la disputa la llevaron otros actores al campo de las indicaciones geográficas. El argumento más comúnmente usado por varios países occidentales que iniciaron el cultivo de un arroz muy semejante al Basmati es que este término es una denominación genérica que se le puede dar al arroz de ciertas características sin importar en qué lugar del mundo sea cultivado. A éste se le opone el argumento (defendido por la India) de que lo que distingue al Basmati de otro arroz, cultivado en otras regiones, es una combinación única de ambiente, suelo, clima, prácticas culturales y perfil genético de las variedades de Basmati que se cultivan en el Punjab de la India y Paquistán.

 

En relación con este conflicto, se alega que una de las frecuentes causas de desacuerdo en materia de indicaciones geográficas es la diferencia en filosofía respecto a lo que constituye un producto genuino. Hay quienes consideran que el factor que prevalece (el que determina con más peso la calidad y atributos organolépticos del producto) es el de terroir. Es decir, que la región (no sólo sus factores físicos como clima, suelo, etc) sino también los aspectos más intangibles de la tecnología, aquellos asociados con el conocimiento tradicional, le confieren al producto unas propiedades únicas y específicas no reproducibles fuera de ella. De modo que para hacer queso Roquefort no será suficiente tener ovejas de la cepa adecuada sino también estar localizado en el área que posee esa certificación. La visión antagónica, defendida principalmente por Estados Unidos, afirma que un queso, digamos Grayson (versión norteamericana del Taleggio), debe considerarse como una marca que es propiedad de la empresa Meadow Creek Dairy (localizada en Virginia). Si esta empresa adquiere una granja fuera de Virginia, tendrá el derecho a fabricar ese queso y llamarlo con el mismo nombre. El Grayson no sería entonces un queso de terroir (Virginia) sino el resultado de un proceso industrial (con elementos artesanales).

Curiosamente, Estados Unidos no ha sido consistente con esta posición en lo que respecta a algunos productos icónicos tales como: las cebollas Vidalia, las naranjas Florida, y las papas Idaho. Los Estados de Georgia, Florida e Idaho son titulares de esas marcas y autorizan su uso solo a los productos que se producen dentro de regiones específicas de esos tres estados. En el caso del Bourbon, leyes federales obligan a que destilados que tienen en su etiqueta la frase straight whiskey hayan sido producidos en territorio norteamericano, lo que lo convierte en un producto de origen; a la usanza tradicional.

Aparte de que las indicaciones geográficas fortalecen el concepto de región y por tanto son un punto de resistencia a la fuerza homogeneizadora de la globalización, algunos de sus defensores creen que éstas también pueden servir para proteger los conocimientos tradicionales. Así, en el Reporte de la Comisión sobre Derechos de Propiedad Intelectual (2002), se afirma que las indicaciones geográficas pueden ser usadas para proteger artesanías y otros productos elaborados de acuerdo con conocimientos tradicionales cuando su producción está vinculada a una región específica. Un ejemplo de este uso de una indicación geográfica es la citada Resolución 238 de SAPI que ratificó la DO Cocuy de Pecaya. En la Resolución se dice que esta DO: contribuyó a la reivindicar el: Derecho de los pueblos originarios a defender sus tradiciones y acervo cultural”.

Los expertos coinciden en que algunos conocimientos tradicionales pueden ser protegidos con el acervo de instrumentos que prevé la legislación para proteger los  derechos de PI. Por ejemplo, en Canadá, algunas figuras de derechos de autor y modelos industriales se han usado para proteger ciertos objetos y técnicas de artesanía. En otros lugares han usado marcas o indicaciones geográficas con este fin. Sin embargo, es probable que para proteger, preservar y promover eficazmente el acervo de conocimientos tradicionales de una región sea necesario recurrir a instrumentos distintos de la PI. Conclusión que sólo fortalece la presunción del inicio de este texto acerca de que la publicación de las resoluciones 238 y 239 ha sido positiva. Pues constituye un primer paso e importante para promover aquella fracción de la economía venezolana basada en factores asociados a regiones geográficas específicas del territorio nacional.

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La piratería como financista del terrorismo, 2

 

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 Hablábamos en la primera parte de este trabajo sobre cómo el negocio de los bienes falsificados, en el que se infringen derechos de propiedad intelectual, no es un crimen sin víctimas puesto que a menudo grupos terroristas se encuentran detrás de este tipo de negocios. 

Uno de los primeros que intuyó el vínculo entre estas dos actividades fue Robert K. Noble. El 16 de julio de 2003, Noble, quien para el momento era Secretario General de Interpol, declaró ante el Comité de Relaciones Internacionales del Congreso de Estados Unidos que su trabajo no sólo lo llevaba a confirmar la relación entre el crimen organizado y los bienes falsificados sino también que el crimen contra la propiedad intelectual se estaba convirtiendo, desde comienzos del Siglo XXI, en el método preferido de financiamiento de los grupos terroristas. Esto convertía a los delitos de falsificación en una amenaza a la seguridad pública contra la que se debían tomar medidas cautelares a la brevedad posible. Según lo veía Noble, el principal problema que esto creaba era que las instituciones responsables de aplicar las leyes, por lo general no trataban los delitos contra la propiedad intelectual como un área prioritaria, lo que implicaba que se destinara menos presupuesto a investigaciones relacionadas con estos delitos que a actividades contra el terrorismo o el narcotráfico.

La declaración de Noble obligó a repensar los crímenes de violación de derechos de propeidad intelectual que resultan en la manufactura de productos piratas. Reconocerlos como crímenes graves con implicaciones importantes para la seguridad y la protección pública. En aquella oportunidad, Noble le entregó al Congreso de Estados Unidos un informe que indicaba que grupos terroristas tales como: Al-Qaeda, Hezbolá, los separatistas chechenos, los extremistas étnicos albanos en Kosovo, y los paramilitares en Irlanda del Norte se beneficiaban de la manufactura o venta de bienes falsificados.

El libro de Moisés Naím, Ilícito, Cómo contrabandistas, traficantes y falsificadores están secuestrando la economía global (2005) profundiza en este tema y lo relaciona con una serie de actos de transgresión. Naím sostiene que una red global encargada de la manufactura y distribución de bienes falsificados está asociada con la mafia y el terrorismo y que sus operaciones deben ser contenidas cuanto antes. Agrega que países menos desarrollados carecen de los recursos y el conocimiento para disuadir o combatir las organizaciones terroristas, las cuales utilizan sus recursos financieros para impedir que se ejerza una coerción eficaz de los derechos de propiedad intelectual.

Brandy Robinson, otro autor que ha investigado este problema, señala que: A primera vista, la propiedad intelectual y el terrorismo parecen ser dos tópicos distantes. Sin embargo, ambos están estrechamente relacionados dado que los grupos terroristas, particularmente en naciones menos desarrolladas, prosperan con ayuda de violaciones a la propiedad intelectual que les permiten financiar exitosamente actos terroristas. Las violaciones a la propiedad intelectual asociadas a esta clase de crímenes son difíciles de detectar y de comprender, lo que las hace poco visibles para los responsables de la vigilancia y aplicación de las leyes y, por tanto, muy codiciadas por los grupos terroristas, dado que les permite pasar desapercibidos y mantenerse desconectados de las actividades con las que se espera normalmente que esté vinculado un grupo terrorista.

El primer caso en el que se probó que existía un vínculo entre piratería y terrorismo ocurrió en 1994, en el caso de la bomba que el grupo Hezbolá hiciera explotar en el Centro de la Comunidad Judía de Buenos Aires (AMIA). Hoy se sabe que decenas de casos de terrorismo, cada uno de ellos con crueles y devastadoras consecuencias, han estado asociados de manera directa o indirecta al comercio ilícito.

Aparte de las respuestas institucionales a este problema—creando departamentos para atacar de forma rápida y efectiva el problema, o grupos especiales multidisciplinarios que estudien el tema y recomienden políticas y estrategias—, su solución requiere, ante todo, de una toma de conciencia por parte de los consumidores, quienes en última instancia son los que demandan los bienes ilícitos. En este eslabón de la solución, juegan un rol clave los medios de comunicación, las redes sociales y la sociedad civil. Cada uno de esos tres sectores deberá asumir mayores responsabilidades en diseminar el conocimiento sobre este complejo problema.

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Los autores de las dos entregas de este trabajo fueron: María Elena Terrero, Coordinador de Proyectos Especiales en Bolet & Terrero (mterrero@byt.com.ve), y Lorenzo Dávalos, Asesor en Mercadeo y Comunicaciones de Bolet & Terrero (ldavalos@byt.com.ve). Por otra parte, la abogado María Elena Terrero fue entrevistada por el portal doblellave.com para que hablara sobre éste y otros temas afines de propiedad intelectual. Si deseas ver esa entrevista haz click aquí.

La piratería como financista del terrorismo, 1

 

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En Caracas y otras ciudades de Venezuela uno puede caminar por algunas aceras, como ocurre en las vecindad del centro comercial Macaracuay Express, en donde vemos cómo en decenas de minitiendas se venden copias piratas, en formato de CD´s o DVDs, de las más recientes películas y series de televisión. Un argumento que un consumidor típico de estos productos puede repetirse a sí mismo para apaciguar su consciencia es el de la escasez absoluta (Si no compro la copia pirata dónde la voy a conseguir en versión original si no tengo divisas para pagar un servicio de streaming como Netflix y en el país nadie vende copias originales?). Hay otro argumento posible que es más débil. Es una suerte de crítica oportunista al capitalismo: ¿Si las productoras propietarias de los derechos de esas películas son tan ricas, y yo que resido en este país en el que todo escasea, soy relativamente tan pobre, qué daño puedo estar haciendo al comprar algo que, traducido a dólares, tiene un valor tan insignificante? ¿Finalmente, no es mi decisión de consumo de estos productos un acto de justicia? Es ésta la clase de argumentos que nos ayuda a convencernos de que la piratería es un crimen sin víctimas y de que nosotros no incurrimos en pun acto de transgresión al comprar lo que es pirata o falso.

Sin embargo, esa clase de argumentos legitimadores de la piratería se construyen con base en una fracción mínima de los hechos. Hay una parte del negocio de los empresarios relacionados con la piratería que es invisible a los ojos del consumidor común, aquel que compra esos dvd´s o el que compra una cartera Louis Vuitton o Prada falsas.

Ante todo es preciso darnos cuenta de que las cifras no son marginales. Se estima que a escala global el negocio del comercio de productos falsificados alcanza los 500 mil millones de dólares. Este dinero, que se convierte en ganancias para emprendedores ilícitos, tiene impactos negativos en una amplia gama de sectores y esferas de la sociedad, desde las aduanas y las instituciones responsables de recaudar impuestos hasta los comerciantes y los consumidores. La manufactura de los productos ilícitos y su consumo pueden afectar la salud y calidad de vida de los consumidores, degradar el ambiente y la biodiversidad, contraer los montos recaudados por concepto de impuestos, minar el crecimiento empresarial y, por tanto, la creación de puestos de trabajo en industrias legítimas (cuyos empleados se rigen por leyes laborales que protegen sus derechos laborales y humanos y no por otras que pueden incurrir en violación de ellos). De modo que el efecto global no es sólo económico sino también psicológico y sociológico. Se afecta la confianza de los consumidores en el mercado, el Estado y los comerciantes, y todo ello tiene un importante efecto disruptivo del orden social.

Un punto adicional a la serie de efectos de los negocios ilícitos es que en los últimos años se ha recogido evidencia de que ésta está asociada a terroristas. Los gobiernos, los políticos, los organismos de inteligencia y policiales, los expertos en propiedad intelectual, están conscientes de que redes trasnacionales de crimen organizado están implicadas, a nivel regional, en la manufactura y distribución de bienes falsificados o pirateados. Hoy en día se tiene evidencia firme de que los asaltantes que perpetraron los ataques terroristas en 2015 en París estaban vinculados a actividades de falsificación y piratería.

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El texto publicado forma parte de una serie de dos entregas sobre piratería y terrorismo. Los autores son Lorenzo Dávalos, asesor en mercadeo y comunicación estratégica de Bolet & Terrero (ldavalos@byt.com.ve), y María Elena Terrero, Coordinador de Proyectos Especiales de Bolet & Terrero (mterrero@byt.com.ve).

 

La tragedia de los medicamentos falsificados

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(Foto: Live Science)

 

Manuel Polanco Fernández
Socio Director de Bolet & Terrero

Las violaciones a los derechos de propiedad intelectual, presentes en los productos falsificados, reducen la posibilidad de que los creadores se beneficien de sus ideas, inventos y creaciones originales. Estas violaciones reducen también los incentivos que tienen los creadores o inventores para invertir tiempo, dinero y otros recursos en sus ideas, inventos, y creaciones originales. Cuando los productos falsificados son medicamentos, a los efectos señalados arriba, se deben sumar los riesgos para la salud y la  vida humana que se derivan de estas prácticas clandestinas y, en muchos casos, criminales.

SSFFC (Substandard/spurious/falsely-labelled/falsified/counterfeit) es el acrónimo acuñado en el 2010 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para designar los fármacos falsificados. De acuerdo con la OMS, éstos son muy difíciles de detectar. Cuando se comercializan al detal, el diseño de sus empaques es casi idéntico al de los productos originales y sus ingredientes pudieran no causar reacciones adversas obvias o inmediatas. Sin embargo, es probable que no sean eficaces para tratar la enfermedad o condición que afecta a un paciente. La falsificación de medicamentos es un problema global que, según estudios conducidos por la OMS afecta a unas 1050 categorías terapéuticas, que incluyen: medicinas, vacunas y diagnósticos in vitro, medicinas innovadoras y genéricas, costosos fármacos contra el cáncer y baratos analgésicos, suplementos alimenticios, vitaminas y hierbas.

Se tiene evidencia de que el problema es más agudo en los antimaláricos (según The Economist en 2011, 64% de los fármacos de esta categoría que se vendían en Nigeria eran falsificados) y en los antibióticos. Un caso bien documentado de medicina falsificada es el de la bevacizumab (Avastina), un fármaco usado en quimioterapia. En febrero de 2012, el fabricante de este fármaco, la compañía Genentech, filial de Laboratorios Roche, informó a los médicos que en Estados Unidos se estaba comercializando una versión del medicamento que contenía sal y almidón, pero no el componente activo. La OMS ha estimado que en los países en desarrollo entre 10 y 30 por ciento de todos los medicamentos que se comercializan son falsos o adulterados. Harvey Bale, Director General de la Federación Internacional de Laboratorios Farmacéuticos declaró en 2005 que esta cifra sobreestimaba ampliamente la magnitud del problema. Sin embargo, mucho menor no es. Así, en un capítulo sobre este tema incluido en Illicit Trade: Converging Criminal  Networks (2015), publicado por la OECD, se refiere que en 2014, la Organización Mundial de Aduanas (WCO) estimó que el mercado de medicamentos falsificados alcanzaba los 200 millardos de US dólares al año.

De modo que los SSFFC constituyen una industria próspera y multimillonaria que mueve más recursos que el tráfico de drogas. Complica este problema el hecho de que esta clase de falsificación no opera solamente mediante un reemplazo de fármacos que poseen un efecto terapéutico verificado y aprobado por una institución reguladora, por otros con menor o nulo efecto sobre la enfermedad. Sino que, con frecuencia, los productos químicos que los falsificadores utilizan para reemplazar los ingredientes activos originales pueden tener efectos nulos sobre la enfermedad que se espera curar, pero tener en cambio efectos dañinos para la salud, o ser fatales.

Los gobiernos de los países que sufren más agudamente este problema están realizando grandes esfuerzos para descubrir y destruir los laboratorios clandestinos que manufacturan estos medicamentos. Muchos de ellos están localizados en China y desde allí los medicamentos falsificados son exportados a otras naciones, típicamente aquéllas con debilidades institucionales en sus fronteras o con ambientes de seguridad jurídica pobres o inexistentes. Se ha encontrado que los países que más sufren este problema son aquéllos con ingreso medio a bajo, localizados en áreas en conflicto, con sistemas de salud pública débiles o inexistentes. También se ha observado que muchos países que sufren las formas más agudas de este problema tienen elevados aranceles para la importación de medicamentos (o recurren a barreras no arancelarias como cuotas de importación). Lo anterior nos hace pensar que las actuales políticas de Venezuela en el sector salud, y su crítica situación en materia de medicamentos, nos hacen más susceptibles a ser víctimas de las mafias globales implicadas en la falsificación de medicamentos.

En cuanto a los canales de distribución de los medicamentos falsificados, la evidencia sugiere que los agentes implicados en este negocio, cuando distribuyen sus productos a consumidores finales, eligen hacerlo mediante puntos de venta de difícil regulación, muchos de ellos situados en mercados públicos, o mediante sitios de venta por internet. En los casos de mayoristas, hay foros digitales que facilitan transacciones de negocio-a-negocio de productos terminados o de los ingredientes activos de los medicamentos.

Para combatir el problema de los medicamentos falsificados debemos combinar estrategias locales con estrategias internacionales. Por un lado, permitir que cada institución con competencias que toquen central o lateralmente el problema, o se vean afectadas por éste, definan y ejecuten estrategias para resolverlo. Que lo aborden desde sus fortalezas y con sus capacidades y recursos humanos específicos. Pero que la información que cada uno produce fluya ágilmente entre esas instituciones. Con base en ella, en el corto plazo, los líderes de esas instituciones deben ser capaces de construir una agenda común, intercambiar periódicamente sus logros, y determinar cuánto se acercan a sus metas comunes. La Interpol, la OMS, la ONU, los grandes laboratorios transnacionales, los laboratorios boutique, las firmas especializadas en PI, las agencias públicas regionales y locales responsables de regular la  industria farmacéutica y química, las aduanas, las agencias tributarias, y las fuerzas policiales, son algunos de los actores que inevitablemente tendrán un rol clave en la solución de este problema.

En el ámbito local, sería necesario revisar los marcos legales que regulan la manufactura, distribución y comercialización de medicamentos en cada país, y fortalecer las instituciones estatales responsables de que se cumplan las leyes. Un aspecto crítico de esto es la actitud de la gente hacia la sanción moral y judicial de esta clase de crímenes. Aun cuando falsificar medicamentos es un acto criminal que causa muertes, es más probable que a uno lo enjuicien por falsificar una cartera de Gucci o de Prada que por hacerlo con un medicamento. La lógica que subyace a esta actitud deberá cambiar radicalmente para erradicar este problema.

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El autor del texto es Manuel Polanco Fernández, Director Socio del escritorio Bolet & Terrero (mpolanco@byt.com.ve). Una versión de este texto fue publicada en el portal de seguridad y temas afines doblellave.com. Puede ver esta publicación si hace click aquí.

 

Patentes para Venezuela

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Una de las figuras que ilustraban la solicitud que introdujo el gran inventor Nikola Tesla (1856-1943) para obtener la patente del motor electromagnético. 

 

En octubre de 2015, la revista Nature publicó un trabajo sobre la fabricación de un nuevo vidrio, a base de aluminio, que mostró tener unas propiedades extraordinarias, la más notable de las cuales era su elevada dureza, comparable a la del hierro. Este nuevo material (cuya fórmula es 54Al2O3-46Ta2O5), fue sintetizado por un equipo de investigadores japoneses liderado por Gustavo Rosales Sosa, venezolano que había obtenido sus títulos de Ingeniero de Materiales y de Magister en Ciencias de los Materiales en la Universidad Simón Bolívar, en Venezuela. Actualmente, Gustavo culmina su PhD y conduce un programa de investigación relacionado con su descubrimiento en la Universidad de Tokio. Es probable que cuando este invento sea patentado, la Universidad de Tokio sea la titular de los derechos de propiedad intelectual. Es también probable que la universidad explote económicamente esa patente mediante licencias de uso, esquemas de colaboración tecnológica y un sinfín de transacciones económicas que le permitan apropiarse de la inversión que realizó en el programa de investigación.

Nuestra primera reacción, cuando escuchamos este tipo de historias, es compartir la alegría, y sentir orgullo, por los logros extraordinario de este joven investigador. Pero muy rápido nuestra alegría se difumina. Múltiples problemas de índole cultural, educativa e institucional conspiran en contra de la posibilidad de que descubrimientos como el de Gustavo tengan lugar en instituciones académicas, o en laboratorios del sector privado en Venezuela. Pero si, contra todo pronóstico, éste tuviera lugar, no es factible que a un descubrimiento como el descrito SAPI le otorgue una patente. Aunque no hay instrumentos legales que lo prohíban, hace casi una década que no se otorgan nuevas patentes en Venezuela. De modo que los inventores locales no invierten recursos ni tiempo en lograr que ideas nuevas (que seguro que en el extranjero calificarían para lograr una patente) la obtengan en el país. Esto configura un problema complejo que tiene múltiples causas. Entre ellas debemos mencionar que: ni la sociedad, ni el Estado terminan de cobrar conciencia de las relaciones causales entre la actividad de patentamiento y la prosperidad económica.

Contar con un sistema legal e institucional que protege los inventos es una necesidad social que se manifiesta en todos los países del mundo. Las patentes de invención son el documento más valioso que un país puede exportar al resto del mundo para lograr su desarrollo. Las patentes son, junto con el capital humano, uno de los activos más valiosos de una organización académica. Y también de una empresa. Es cierto que consideradas desde un punto de vista económico, confieren a los inventores privilegios comparables a los que tiene el monopolista, aunque por un período de tiempo limitado. Por eso éstas constituyen un recurso que le permite, a quienes asumen el riesgo de invertir en la creación de ideas patentables, apropiarse de una parte de los beneficios asociados a la explotación económica de esa idea. En un mundo ideal, también deberían beneficiarse de las rentas asociadas a las patentes: el país en el que está basado el inventor (o institución que lo emplea) y la comunidad global (o humanidad). Los mecanismos que permiten que la distribución de las rentas que producen las patentes entre las tres partes identificadas sea moral y socialmente justa son múltiples. Cada nación debe diseñar un arreglo institucional que garantice que esa distribución justa se alcanza. Y debe hacerlo sin disuadir la actividad de producción de patentes. Piezas claves de tal arreglo institucional son: políticas de promoción de la innovación científica y técnica, políticas de defensa de la propiedad intelectual, políticas tributarias, estrategias privadas de responsabilidad social, proyectos pro bono acometidos por firmas de PI, entre otros. Todo ello deberá operar dentro de un marco de libertades democráticas que permita que medios, ONG´s y expertos informen a los ciudadanos de manera objetiva.

Ningún arreglo institucional debería contemplar elementos extremadamente rígidos o con posiciones de excesivo poder que favorezcan desproporcionadamente a una sola de las tres partes. O que desalienten a los inventores, quienes junto con los creadores, los artistas, los emprendedores, son el alma y el corazón de una sociedad. Y no sólo su motor de desarrollo.

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El autor del presente texto es Guillermo López Zambrano, asociado de Bolet & Terrero (glopez@byt.com.ve). Este mismo texto fue publicado en El Nacional online el 26 de abril de 2016. Para ver esa publicación haga click aquí.

Piratería en Internet

pirateria online

 

La séptima entrega de Star Wars, El Despertar de la Fuerza, se ha convertido en un hito de la cinematografía mundial, situándose entre las películas más taquilleras de la historia. Disney pautó el lanzamiento oficial de la película en formato digital para el 20 de abril de 2016. Sin embargo a finales de marzo, se filtró una versión “pirata” en la Internet, y se produjeron millones de descargas ilegales en pocas horas.

El ejemplo anterior sirve para ilustrar la extraña relación entre la Internet, la piratería y el derecho de autor. Es “habitual” que copias de películas se encuentren disponibles para descargas por Internet antes de su lanzamiento oficial en formato digital. Sin embargo, se trata de copias de mala calidad, pues son screeners grabados con un dispositivo externo de manera encubierta en una sala de cine. Puesto que este mercado pirata “de baja calidad” es de poco impacto para las grandes compañías cinematográficas, de alguna manera es “aceptado y tolerado”.

El caso de El Despertar de la Fuerza fue distinto, pues se trataba de una copia en HD (high definition), por lo que se presume hubo una filtración de una copia original de la película. Las alarmas se encendieron en Disney, pues esta filtración seguramente le ocasionará pérdidas millonarias a esa compañía. Se estima que la venta de El Despertar de la Fuerza en formato digital (DVD / Blu-ray) junto al merchandising alcance los 5.000 millones de dólares. Con estas cifras en mente, podemos entender la importancia de la piratería en Internet. En un extremo, compañías como Disney, protegiendo sus películas. En el otro, un mercado “pirata”, que obtiene ingresos mil millonarios, por una actividad ilegal.

Una de las características de la Internet, es que en ella es más fácil encubrir las actividades ilegales. Ubicar un responsable, con nombre y apellido, es una tarea titánica, que requiere del concurso de equipo técnico de primera línea, así como de profesionales de altísimo nivel, al mejor estilo de la serie CSI. A lo anterior, debemos sumar, que no existe una legislación universal sobre los derechos de autor. Si bien existen directrices, lineamientos generales y el propósito de trabajar en equipo, todo esto choca cuando se traspasan las fronteras de los países. Una descarga ilegal puede iniciarse en un país de la Comunidad Europea donde existe una legislación clara sobre estos asuntos. Pero el servidor de descarga, puede encontrarse en un país asiático, en donde no es tan claro cómo poner ese servidor fuera de línea.

De manera análoga al cine, ocurre con la industria musical. Hemos llegado al punto en donde se ve como tonta aquella persona que paga por descargar su música de un servicio de streaming, en tanto que vemos como alguien muy inteligente a quien logra descargarla sin pagar un solo centavo.

No es fácil trazar una línea que separe “lo pirata e ilegal” de “lo correcto y legal”. Cuando se habla de iniciativas para colocar la literatura y el conocimiento universal en la Internet, de acceso fácil y gratuito a todos, las preguntas que surgen de inmediato son: ¿Es malo esto? ¿Perjudica a alguien? ¿De qué manera se ven afectados los derechos de autor al colocar una obra en Internet? Son muchas interrogantes e inquietudes para cubrir en estas pocas líneas. Las preguntas aluden a temas controversiales que requieren de planteamientos y análisis serios, para darles respuestas acertadas. Pero sí fue posible dar una idea panorámica de un problema cuya solución dependerá del esfuerzo concurrente de múltiples actores y, quizás, de que los usuarios de la Internet cobren una mayor conciencia sobre el tema y sus implicaciones.

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Este texto fue preparado por Néstor Bueno, Asesor Técnico de Bolet & Terrero. Fue publicado en El Nacional online el 27 de abril de 216. Para ver esta publicación haga click aquí)

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Finalmente, y no por ello menos importante, esperamos que este blog pueda funcionar como un sitio de diseminación e intercambio de las ideas y documentos que se desarrollen en el marco del proceso de reforma de la Ley de Propiedad Industrial. Casi seguro este proceso estará acompañado, y eventualmente articulado con, un segundo proceso  (que de algún modo ya ha iniciado) que tiene como objetivo principal la modernización del Servicio Autónomo de Propiedad Industrial (SAPI).